Nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPD), también conocido por sus siglas en inglés DPO (Data Protection Officer), es crucial para muchas empresas, no solo por cumplir con la normativa, sino también por los beneficios operativos y de confianza que aporta. Aquí te presento las principales razones:
1. Cumplimiento normativo (GDPR y LOPDGDD)
La razón más apremiante para nombrar un DPD es la obligación legal establecida por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y, en España, por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Es obligatorio nombrar un DPD si tu empresa:
Es una autoridad u organismo público, independientemente del tipo de datos que traten (a excepción de los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial).
Realiza operaciones de tratamiento que, por su naturaleza, alcance y/o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Esto incluye, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, bancos, aseguradoras, proveedores de internet, empresas de marketing digital que monitorizan el comportamiento online, etc.
Realiza un tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos (datos sensibles como origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos, datos relativos a la salud, datos relativos a la vida sexual u orientación sexual de una persona) o de datos relativos a condenas e infracciones penales. Por ejemplo, hospitales, clínicas, empresas farmacéuticas o aquellas que gestionan historiales delictivos.
Se encuentra en alguno de los supuestos específicos detallados en la legislación nacional. En España, la LOPDGDD amplía la lista de entidades que deben designar un DPD, incluyendo, entre otras:
Colegios profesionales y sus consejos generales.
Centros docentes.
Entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas.
Prestadores de servicios de la sociedad de la información que recojan y traten datos a gran escala.
Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Empresas de servicios de inversión.
Distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y gas natural.
Entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o para la gestión y prevención del fraude.
Entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial.
Centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas.
Entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales que puedan referirse a personas físicas.
Operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.
Empresas de seguridad privada.
Federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
2. Asesoramiento experto y supervisión
El DPD es el asesor principal de la empresa en materia de protección de datos. Sus funciones incluyen:
Informar y asesorar a la dirección y a los empleados sobre sus obligaciones en virtud del GDPR y otras normativas de protección de datos.
Supervisar el cumplimiento de estas normativas y de las políticas internas de la empresa en la materia, incluyendo la asignación de responsabilidades, la concienciación y formación del personal, y las auditorías correspondientes.
Asesorar sobre la realización de Evaluaciones de Impacto relativas a la Protección de Datos (EIPD) y supervisar su aplicación.
3. Punto de contacto clave
El DPD actúa como interlocutor principal entre la empresa y:
Las autoridades de control (en España, la Agencia Española de Protección de Datos – AEPD). Facilita la comunicación, coopera con ellas en las investigaciones y atiende sus consultas.
Los interesados (las personas cuyos datos personales son tratados). Recibe y gestiona las consultas y solicitudes de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad).
4. Gestión de riesgos y prevención de sanciones
Contar con un DPD ayuda a identificar y mitigar los riesgos relacionados con el tratamiento de datos personales. Al asegurar el cumplimiento normativo, el DPD contribuye a:
Prevenir brechas de seguridad y violaciones de datos.
Evitar sanciones económicas cuantiosas impuestas por las autoridades de protección de datos, que pueden ascender hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la cuantía más elevada.
Proteger la reputación de la empresa y la confianza de sus clientes.
5. Fomento de una cultura de privacidad
La presencia de un DPD fomenta una cultura de privacidad y protección de datos dentro de la organización. Esto significa que la protección de datos se integra en todos los procesos y decisiones de la empresa, desde el diseño de nuevos productos o servicios (privacidad desde el diseño y por defecto) hasta la gestión diaria de la información.
En resumen, nombrar un DPD no es solo una obligación legal para muchas empresas, sino una inversión estratégica que contribuye a la seguridad jurídica, la confianza de los clientes y la resiliencia operativa en un entorno cada vez más regulado en materia de privacidad.